Osmer Jose Ochoa Casarrubia
Wilson Andrés Ferraro Cárdenas

La política colombiana ha tenido a través de su historia una estrecha relación con las grandes élites económicas del país. Ha existido un vínculo de simbiosis entre ellas, en el cual debe haber un mutuo beneficio para que pueda existir una relación de perfecta armonía. “Las relaciones externas (…) descubren la compleja trama de los intereses mutuos y diversos que alimenta la dinámica de las relaciones políticas y económicas”, (Rettberg, 2011) dándonos a pensar en una posible unión, dada por necesidades, metas u objetivos, que tienen intereses particulares; que son distintos a los que debería haber entre los poderes generados por las élites económicas colombianas y los poderes públicos.

Como se expresó anteriormente, las relaciones entre las élites políticas y las económicas están dada por la búsqueda de un mutuo beneficio. Por un lado, las empresas y empresarios son protagonistas en la financiación de los políticos y de sus carreras por las alcaldías, gobernaciones, congreso, presidencias, etc. (Hernández, 2015). Por otro lado, a cambios de los favores económicos, los políticos otorgan a los empresarios los grandes contratos que se celebran el país, es el caso de los grandes proyectos de infraestructura otorgados a empresas de dudosa reputación como Odebrecht.
La relación entre políticos y empresarios data de viejas épocas, “Los empresarios en Colombia siempre han hecho política tras bambalinas. Sus aportes a las campañas han llegado a ser decisivos y muchas de las políticas locales o regionales están inspiradas en sus ideas” (Semana, 2015), y es este un punto crucial, para lograr entender por qué los empresarios llegan a tener tan alta relevancia dentro de la política, siendo las elecciones, en cualquiera de los espacios y niveles que se den, el factor base que da vía a las decisiones que posteriormente se verán influenciadas por los intereses de particulares.

Pero primero debemos tener muy en cuenta que dentro del pensamiento que se llega a dar -y tiene su grado de veracidad- está que “se considera fundamental el trabajo que realizan las empresas privadas y públicas por el bien del país y en forma paralela lo que piensan quienes las manejan y dirigen” (El Tiempo, 2004) expresado esto por parte de  importantes revistas como el Portafolio, en donde se  destaca el papel de las diferentes organizaciones en el ámbito nacional. Pero sin embargo ¿hasta qué punto se llega a dar por sentado una relación entre los lazos del poder empresarial y el gubernamental?, pues bien podríamos asociar una respuesta si tenemos en cuenta que el gobierno en primera instancia, dentro de todo su plan de acción, debe tener presente la labor de controlar y supervisar (bajo parámetros legales) las acciones de las organizaciones, en especial de las grandes, grandes organizaciones y, en segundo, “la responsabilidad primordial de promover el desarrollo económico, social y cultural de su pueblo” (Art.7, Cap.2, Resolución 3281, Asamblea General de la ONU), es decir, las relaciones entre estos dos poderes no deben ir más allá de relaciones legales enmarcadas en la existencia de deberes y derechos.

Es aquí donde cabe destacar que las empresas y los empresarios son importantes para el Estado, ya que estos son los encargados en gran manera del crecimiento económico del país, la reducción de la pobreza, la generación de empleo, entre otros. Por lo tanto, se puede decir que “los empresarios son actores políticos, propóngaselo o no, desde sus decisiones de inversión hasta sus declaraciones públicas” (Rettberg, 2011). Por otro lado, también se puede decir que el Estado es importante para el sector empresarial, ya que “el sector privado necesita la formulación de políticas industriales que mejoren el entorno general de los negocios y favorezcan su crecimiento” (Allen, 2013), entre otras garantías que debe proporcionar el Estado. En otras palabras, “la capacidad Estatal puede depender, en buena medida, de los sólidos lazos público privados” (Rettberg, 2011).

En relación entre las élites políticas y las élites económicas debe haber un mutuo beneficio como se planteó anteriormente, de lo contrarios, pueden presentarse conflictos en los cuales cada sector busca proteger sus intereses particulares; en particular este caso se puede percibir cuando el Gobierno no garantiza las condiciones para que puedan desarrollarse correctamente las actividades empresariales, o cuando los empresarios observan una acción del Gobierno que pueda tener consecuencias negativas para sus intereses.

Un ejemplo de lo planteado anteriormente lo podemos evidenciar en el profundo descontento empresarial que existió en el gobierno de Ernesto Samper, debido a que algunas acciones del Gobierno tuvieron repercusiones negativas en las relaciones socio comerciales con Estados Unidos, lo cual afectó algunos sectores de la economía colombiana; estas circunstancias provocaron un profundo distanciamiento entre el Gobierno y los empresarios, el sector empresarial se convirtió en un movimiento opositor con grandes expectativas.  (Rettberg, 2011).

Ahora bien, podríamos pretender clarificar este tipo de relaciones que se llegan a dar dentro del ámbito nacional con un ejemplo real y actual. Tal es el caso de la firma del Acuerdo de la Mesa de la Habana, que podría no dar un fin definitivo a la guerra interna que se vive en este país, pero sí un escenario más “amable” respecto al conflicto que ha desgarrado duramente y durante mucho tiempo a Colombia.

Es este escenario en el cual podemos llegar a hablar de los intereses empresariales que pueden estar inmiscuidos en la toma de decisiones políticas del país para este tema, pero ¿por parte de quién? y por otro lado ¿de qué manera?, pues bien tener muy presente que los empresarios se encuentran relacionadas a este proceso de paz debido a las implicaciones que este tiene en el mercado económico, y en detalle, como lo enuncia el Director del Programa de Empresas, Derechos Humanos y Justicia Transicional – Fundación Ideas para la Paz, Álvaro Amaya (2016) “la industria petrolera tendrá un papel importante en la construcción de la paz”

Las organizaciones petroleras son uno de esos “poderes económicos” que tienen algún tipo de injerencia dentro de este tema, dado que, como es de esperarse, los grupos armados, y con gran relevancia las FARC, no han permitido de una u otra manera que las grandes organizaciones petroleras logren establecer proyectos extractivos dentro de las zonas en donde estos grupos al margen de la ley se encuentran implantados, y esta es una verdad a voces que también las organizaciones estatales reconocen, “Las zonas o regiones en donde los proyectos petroleros tienen lugar, suelen coincidir con poblaciones donde la institucionalidad pública es débil y con altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Han sido estas condiciones las que han facilitado la creación, consolidación o presencia de grupos armados ilegales” (Álvaro Amaya, 2016).

Teniendo en cuenta el punto anterior debemos resaltar una vez más lo importante que vendría a ser para este tema de la paz en Colombia para el empresario el juego político, pues una vez más este daría las pautas y reglas de juego para el sector económico en el posconflicto, “a pesar que las organizaciones económicas tienen sus propios intereses, con el pasar del tiempo han entendido que deben tener una conexión directa con las líneas políticas que rigen el país, ya que las decisiones comerciales que los afectan se generan en los pasillos del Capitolio Nacional” (Arcila Vilma, 2015, p.6). Por lo cual el empresariado petrolero, uno podría llegar a asumir, ya debe tener las cartas de juego preparadas para lograr tal relación con el Estado, logrando de esta manera influencia dentro de las decisiones que les puede llegar a abordar, sin embargo debido a que las organizaciones petroleras nacionales son pocas y pequeñas en comparación a las grandes, muy grandes corporaciones extranjeras también debemos identificar que estas tienen injerencia en el Gobierno Colombiano, ya sea de manera directa o a través de los países a los que pertenece, “y es que no solo se ha identificado la influencia de las agremiaciones en la política, también las multinacionales han hecho lobby para defender sus intereses económicos” (Arcila Vilma, 2015, p.6).
Entonces bien, la política llegaría a ser una de las soluciones más convenientes a la hora de pretender establecer o sentar cabeza sobre proyectos extractivos y también para lograr de alguna manera la aceptación de estos proyectos por parte de la sociedad en general, puesto que “es importante tener en cuenta que los proyectos extractivos han sido históricamente objeto de resistencia o crítica en lo local” (Álvaro Amaya, 2016).

Y ¿de qué manera se podrían beneficiar estos empresarios?, una de los debates que se tenían, y aún continúan, presentes a la hora de pensar de qué manera el gobierno invertiría para el posconflicto estaba en que, como lo expuso David Bojanini, presidente del Grupo Sura en una entrevista hecha a el periódico Semana (2015), “lo más importante es saber en qué nos vamos a gastar la plata. Si lo planteamos como reparar a todas las víctimas dentro de un modelo asistencialista, como algunos lo han propuesto” o por otro lado como lo expresó César Caicedo presidente de Colombina (2015), en la misma entrevista, “La inversión que realmente va a desarrollar el agro colombiano tendrá que venir del sector privado nacional e internacional. (…), el resultado del acuerdo de La Habana tiene que ser crear las condiciones para invitar a esa inversión y no alejarla”, esto nos daría las pautas para lograr una relación de estos hechos y los empresarios petroleros.

Puede que para este punto solo parezca suposiciones, pero es un hecho, un ejemplo respecto a esto es que en un columna hecha por Pérez Maura hace referencia a que el Nobel de paz otorgado al presidente Juan Manuel Santos no fue un hecho aislado a los intereses particulares del país garante de tal premio (Noruega) denotando que el Gobierno Noruego ha invertido grandes cantidades de dinero en el proceso de paz y los pagos hechos a Enrique Santiago (el asesor de la guerrilla de las FARC en el proceso de paz) como un participante importante para que este proceso se haga realidad, además afirma que “el contribuyente noruego es muy mirado a la hora de analizar en qué se gastan sus impuestos.

Y si se ha derrochado tanto en Colombia y en el bolsillo de Enrique Santiago habrá que sentenciar que es un dinero bien gastado. (…), pero quizá hubo otros dineros noruegos con intereses en Colombia” (Pérez Maura, 2016). ¿Y cuál es el interés de Noruega en Colombia?, comenzando porque la presidenta del comité que otorga este premio, Kaci Kullmann Five, fue ministra de Comercio y alto cargo de Statoil, siendo Statoil una compañía estatal noruega de petróleo, Pérez Maura resalta, en un tono de desagrado, que una de las relaciones económicas-políticas está dada en la necesidad de lograr obtener participación en la empresa estatal Ecopetrol, siendo esta “una empresa en la que el presidente de la República nombra al gestor de la compañía y el ministro de Hacienda, el de Minas y el director de Planeación Nacional estaban en el momento de tomar esa decisión en el consejo de administración. Y como con cualquier recurso natural y estratégico de Colombia, es imposible que Statoil tuviera una participación en esos yacimientos petrolíferos sin el visto bueno de la presidencia de la República” (Pérez Maura, 2016).

Ahora bien, actualmente Statoil no tiene participación en la estatal Ecopetrol, pero habrá que darle tiempo para ver si esta empresa puede lograr su cometido, y resaltar que Statoil “como tantas otras compañías, tendría un especial interés en invertir en pozos petrolíferos de la Costa Caribe colombiana. Y en 2014 pudo llevarlo a cabo. Ese año, en la llamada Ronda Colombia 2014, Statoil consiguió una participación en el bloque COL-4 y meses más tarde amplió su participación comprando parte de la que había sido adjudicada a la española Repsol. Le compró el 10 por ciento del bloque Tayrona, compuesto de dos franjas frente a los departamentos de Magdalena y La Guajira y el 20 por ciento del bloque GUA OFF1 ubicado en aguas profundas frente a La Guajira” (Pérez Maura, 2016) que estaban sujetas a la aprobación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

A de denotar que esta no es la única empresa que busca algún tipo de beneficio dentro del tema del posconflicto, pues como lo menciona Lia Fowler, periodista estadounidense y ex agente especial del FBI, (2016):

Ya no sorprende descubrir que las personas y países que toman parte en el proceso de paz en Colombia tienen vínculos con compañías petroleras con importantes intereses en el país, que dependen de las concesiones y licencias del gobierno de Santos. En un artículo del 12 de marzo del 2016, aludí al conflicto de intereses que afecta al enviado del gobierno estadounidense a los diálogos de La Habana, Bernard Aronson, fundador y gerente de Acon Investments, una firma de inversiones que tiene una participación mayoritaria en Vetra Energía, empresa cuyas inversiones en Colombia son el resultado de concesiones gubernamentales otorgadas en 2010 y 2012.

Una idea que expresa la actuación de los poderes económicos internacionales que se alzan a través de la representación que les da sus países respectivos es que “la principal función que tienen las misiones diplomáticas en Colombia dijo Ackerman es vender a Colombia en el exterior. Para nada se están metiendo en asuntos internos. Se proponen crear el ambiente para la inversión” (El Tiempo, 1991)

La relación entre las élites políticas y económicas es Colombia fue y sigue siendo una relación compleja, en la cual se presenta una dinámica muy interesante, como se expresó anteriormente, es una relación en la cual cada élite busca defender sus intereses particulares. Para nadie es un secreto que detrás del poder político siempre ha estado fuerzas económicas muy poderosas, las cuales de alguna manera ha interferido en el desarrollo histórico de nuestro país.

Referencias

Hernández, C. (2015). “Los financiadores de las campañas a la Alcaldía de Bogotá”. 12-05-2017, de EL Espectador Sitio web: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/los-financiadores-de-campanas-alcaldia-de-bogota-articulo-586164

Semana. (2015).Empresarios se lanzan a la política”. 12-05-2017, de Semana Sitio web: http://www.semana.com/nacion/articulo/los-empresarios-que-se-vuelven-politicos/439482-3

David Bojanini y César Caicedo, (2015). Los empresarios y la paz. Entrevista a Semana. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/los-empresarios-la-paz/426901-3

Arcila Vilma, (2015). INFLUENCIA DE LOS GREMIOS EMPRESARIALES EN COLOMBIA. Bogotá, D.C., UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

Allen, L. (2013). “Importancia del sector privado”. 13-05-2017, de La nación Sitio disponible en: http://www.nacion.com/opinion/foros/Importancia-sector-privado_0_1357464255.html

Pérez Maura, (2016). La presidenta del comité de los Nobel de la Paz tuvo intereses petroleros en Colombia. Disponible en: http://www.abc.es/internacional/abci-presidenta-comite-nobel-tuvo-intereses-petroleros-colombia-201610090245_noticia.html

Rettberg, A. (2011). Cacaos y tigres de papel. Bogotá: Universidad de los Andes.

Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General de la ONU “Carta de derechos y deberes económicos de los Estados” Art.7/Cap.2/ (12 de diciembre de 1974), disponible en: http://www.dipublico.org/3978/resolucion-3281-xxix-de-la-asamblea-general-de-las-naciones-unidas-carta-de-derechos-y-deberes-economicos-de-los-estados/

Lia Fowler, (2016). ¿“Paz” a cambio de petróleo? Disponible en: http://www.periodismosinfronteras.org/paz-a-cambio-de-petroleo.html

El Espectador. (2017). “Así fue como los corruptos desangraron al erario en Córdoba” Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/asi-fue-como-los-corruptos-desangraron-al-erario-en-cordoba-articulo-693051?utm_campaign=CO+FB-El+Espectador-AON-CLICS-Mayo&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign_group_id=253&utm_campaign_id=904&utm_advertisement_id=3383

El Tiempo, (1991). PROCESO DE PAZ: HAY INTERÉS INTERNACIONAL. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-183933

El Tiempo, (2004). LA ÉLITE EMPRESARIAL. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1536558

Álvaro, A. (2016). Las empresas petroleras sí tienen como aportarle a la paz. Disponible en http://negociosypetroleo.com/es/2016/09/27/las-empresas-petroleras-si-tienen-como-aportarle-a-la-paz/

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